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SOBRE LA HUELGA DE LAS UNIVERSIDADES VENEZOLANAS. Carlos Barros, coordinador HaD-HI.
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CRISIS UNIVERSITARIA Y PROPUESTAS DESDE LA REVOLUCIÓN
Roberto López Sánchez. Profesor de la Universidad del Zulia, Maracaibo
La política hacia la educación universitaria del gobierno bolivariano ha tenido aciertos y desaciertos en estos 14 años de revolución. Habiendo desarrollado considerables esfuerzos para resolver problemas que habían crecido a finales de la IV República, como lo es la democratización del acceso a las universidades, en otros campos no se han realizado políticas que permitan configurar una estrategia de transformación revolucionaria de la educación superior venezolana.
La creación de nuevas universidades como la UBV, y el desarrollo de la Misión Sucre a través de la municipalización de la educación superior, permitieron cuadruplicar el número de estudiantes universitarios en Venezuela, dando respuesta al proceso de elitización que habían vivido las universidades en las décadas del 80 y 90 del siglo pasado. De esta forma, centenares de miles de ciudadanos pudieron acceder a la educación universitaria, circunstancia que le había sido negada en años anteriores.
Pero durante estos 14 años de proceso de cambios, las universidades autónomas fueron dejadas al garete por el gobierno bolivariano. Uno tras otro, los sucesivos ministros del área (salvo excepciones) desarrollaron una política de conciliación abierta con los rectores opositores y con las élites derechistas que manejan a su antojo a nuestras universidades autónomas, extendida esta política hasta las universidades privadas.
Tengamos en cuenta que el presupuesto anual de cada universidad autónoma es superior al de muchos estados del país. Por ejemplo, el presupuesto anual de LUZ es superior al situado constitucional de los estados Trujillo, Mérida y Barinas juntos. Quienes manejan el presupuesto universitario, sea en la ULA, UDO, LUZ o la UCV, tienen que jugar necesariamente un papel muy importante en la economía de su región respectiva. Los bancos privados, las empresas proveedoras, los inversionistas extranjeros, todo aquel que realice una actividad económica de relevancia tendrá que ver con esos millardos de bolívares que ejecuta cada universidad anualmente.
Dentro de las universidades autónomas está metida hasta los tuétanos la burguesía como clase. Y no estamos hablando que en las universidades esté gente de Fedecámaras, o los representantes políticos de los partidos de oposición, como personajes aislados que han buscado aquí un refugio a las derrotas sufridas en todo el país. En las universidades está metida la burguesía como clase dominante del sistema capitalista globalizado, con proyectos académicos específicos que son financiados por entes externos a la universidad y que responden a las necesidades del capitalismo financiero y las multinacionales que dominan el mundo.
La huelga universitaria que desde la semana que culmina se extiende por buena parte de las instituciones públicas de educación superior significa la agudización de una crisis que se viene incubando desde el inicio de la revolución bolivariana, y que ha juntado las estrategias opositoras con las ausencias gubernamentales para lograr la paralización parcial o total de la UCV, ULA, LUZ, UNEFM, UPEL, UC, UNEG, UNEXPO, UCLA, UDO, UNET, USB y UNA.
Aunque las reivindicaciones salariales de los universitarios se presentan como justas, y así hay que reconocerlo, la crisis universitaria revienta por las mismas carencias y limitaciones en la política que el gobierno bolivariano ha definido en estos 14 años de revolución. Ya con anterioridad hemos escrito en aporrea sobre estas deficiencias y ausencias de políticas transformadoras hacia el medio universitario; a comienzos de 2011 resumíamos estas ideas (http://www.aporrea.org/imprime/a115364.html):
Las oportunidades de oro para transformar las universidades se les pasaron a los dirigentes de este proceso en todo este largo período de catorce años en el ejercicio de gobierno bolivariano.
El momento ideal estaba en el marco de la propia Asamblea Nacional Constituyente de 1999, pero no se hizo nada al respecto, y dejaron a las universidades tal como estaban en la cuarta república.
Cuando los estudiantes revolucionarios de la UCV tomaron el Consejo Universitario en 2001, nuevamente la dirigencia chavista se pudo de espaldas a los deseos de cambios, dejó solos a esos valientes líderes estudiantiles, y generó una situación histórica de reflujo que permitió lo que hoy impera, la absoluta hegemonía de la derecha en el movimiento estudiantil universitario.
Luego del triunfo en el referéndum revocatorio de 2004, con la derecha totalmente derrotada en todos los escenarios de confrontación, el chavismo burocrático dejó nuevamente pasar la oportunidad y no se percató que las universidades necesitan ser transformadas para bien de la revolución.
Cuando se estrenó la Asamblea Nacional controlada unánimemente por los bolivarianos, en 2006, tampoco se adelantó iniciativa alguna para reformar la ley universitaria.
Durante los cinco años de la anterior gestión bolivariana en la AN, nunca se hizo público proyecto oficial alguno de ley universitaria. Sólo a comienzos de diciembre de 2010, es que comenzaron a circular unos borradores de ley, los cuales por cierto tampoco eran el documento final que se sometió a discusión entre los diputados. Este esfuerzo de última hora a fines de 2010 culminó con el veto a la Ley de Educación Universitaria que realizó el presidente Chávez en los primeros días de enero de 2011.
Es evidente la precariedad de la gestión legislativa del chavismo, el cual no ha sido capaz en más de 14 años en debatir ampliamente un proyecto de ley de universidades, y de quienes fueron ministros de educación superior-universitaria (salvo el caso de Edgardo Ramírez, a quien respaldamos en su momento), que tampoco hicieron nada por impulsar dentro de las universidades debates y otras iniciativas organizadas sobre la necesaria transformación de nuestras casas de estudios superiores.
Para remate, quienes nunca demostraron tener objetivos de transformación hacia las universidades, son los que tomaron la iniciativa para convencer a Chávez que no debía promulgar la nueva LEU en 2011, con argumentos tan absurdos e irreales como que debía “discutirse” la misma con los sectores de derecha universitarios, como si estos fueran a realizar aportes significativos al profundo cambio institucional que la revolución bolivariana requiere en nuestras universidades nacionales.
La cuestión de la democracia interna en las universidades, dándoles su condición de miembros de la comunidad a empleados y obreros, y ampliar los mecanismos de votación para la elección de autoridades.
La cuestión del excesivo poder que centralizan los Consejos Universitarios, el cual debe distribuirse en cinco o seis instancias de gobierno que tengan igual rango.
La cuestión del libre ingreso de bachilleres a las universidades, acabando con las pruebas y otros mecanismos de selección antidemocráticos y discriminadores.
El necesario control presupuestario que debe exigir el Estado.
El papel del Estado Docente, el cual tiene por obligación velar que la educación universitaria incorpore en su currículo los objetivos fundamentales del plan de desarrollo nacional (Plan Simón Bolívar), pues de lo contrario no tendría sentido tolerar universidades que actúan de manera consciente para sabotear los planes gubernamentales (como ocurre actualmente).
Resolver el desorden que existe con relación al desempeño docente, incluyendo los mecanismos de ingreso (concursos), evaluación (régimen de permanencia), régimen laboral (horarios, funciones y responsabilidades de los docentes), en el marco de una carrera docente definida en lo fundamental por la ley (por una nueva ley, queremos decir).
Resolver el problema de las mafias criminales existentes en universidades como LUZ, las cuales asesinan impunemente y controlan por vías de hecho sectores significativos de la institucionalidad universitaria.
Transformar las estructuras internas de las universidades, que responden al viejo paradigma positivista del conocimiento (facultades, escuelas), y crear estructuras flexibles que consideren la transdisciplinariedad y el pensamiento complejo como nuevos paradigmas de la actividad creativa científica.
La cuestión del CNU, criticado por su inoperancia como ente rector de la educación universitaria, y de la dualidad de poder entre la OPSU y el MPPEU, cuando debería existir necesariamente un único ente rector por parte del estado.
Otra cuestión, más allá de la ley, es lo referente a la remuneración de los universitarios, discriminados abiertamente por el gobierno bolivariano, cuestión que induce a la fuga de cerebros y que figura como la causa principal, aparentemente, del actual conflicto universitario nacional.
Cualquier proceso de transformación de las actuales universidades va a ser sumamente conflictivo, de confrontación intensa con una derecha que controla a placer todas las instancias internas de poder y que cuenta con el apoyo de la burguesía dentro y fuera de Venezuela. Nunca podremos llegar a consenso con la derecha para cambiar las universidades en sentido revolucionario.
Una vez más, nos permitimos realizar las siguientes propuestas, como política estratégica que permita avanzar en el control de la educación universitaria para el desarrollo de la revolución socialista:
Se debe separar la estrategia contra los rectores derechistas, de las políticas reivindicativas de los universitarios. Esto implica que las exigencias de mayores controles presupuestarios, trasparencia administrativa, rendición de cuentas, realizada a los rectores, debe ejecutarse por separado de las negociaciones con los gremios universitarios por sus reivindicaciones salariales.
Con respecto a estas negociaciones con los gremios universitarios, es vital la aprobación de un aumento de salarios para los trabajadores (obreros, empleados y profesores), dado que el último aumento fue hace ya varios años y la alta inflación ha erosionado el valor real del salario de los trabajadores venezolanos. Mientras no se apruebe este aumento de salarios, difícilmente se podrá lograr la separación del conflicto gremial del conflicto con los rectores derechistas.
Desde la Asamblea Nacional se debe discutir y aprobar una nueva Ley de Universidades que modifique aspectos sustanciales que democraticen la forma de elección de las autoridades rectorales y la composición de los consejos universitarios, que modifiquen el reglamento de concursos y evaluación del personal docente, que permitan una mayor supervisión y control presupuestario por parte del gobierno, que introduzcan ejes transversales obligatorios dentro de los pensum universitarios.
Supervisar, presionar y corregir la política en pro de la investigación científica en las universidades. Vigilar que los presupuestos destinados a financiar la investigación no sean desviados para otros fines subalternos por los rectores derechistas, como ha venido ocurriendo en muchas universidades.
Profundizar el acercamiento del gobierno bolivariano con los colectivos de revolucionarios dentro de las universidades, tanto estudiantiles como profesorales, de empleados y obreros, a fin de realizar esfuerzos y estrategias conjuntas en el enfrentamiento a la derecha universitaria.
Desarrollo de planes académicos dentro de las universidades autónomas por parte del gobierno bolivariano (MPPEU), apoyándose en los colectivos de profesores revolucionarios. Esto no es imposible, puesto que la derecha misma lo ha implementado en universidades como LUZ, con programas académicos que fueron financiados en su momento por la anterior gobernación opositora del Zulia.
Mejora sustancial de las políticas de servicios estudiantiles, particularmente aumento de las becas equiparándolas al salario mínimo (pues los montos actuales son verdaderamente irrisorios), además de mejoras en los comedores, residencias, bibliotecas, laboratorios, facilidades para adquisición de libros, ropa y zapatos.
Las universidades autónomas forman a buena parte de los profesionales del país, aunque en las últimas décadas las universidades privadas y la propia Mision Sucre hayan abarcado un porcentaje significativo del estudiantado de educación superior. Pero en cuanto a investigación, su papel sigue siendo de hegemonía absoluta y avasallante. Más aún si tomamos en cuenta el impacto socio-cultural en sus respectivas regiones. La ULA en Mérida, o LUZ en el Zulia, para poner ejemplos, constituyen instituciones de tan gran relevancia que no tienen comparación alguna con los centros educativos privados o con otras universidades públicas.
Por tanto, es muy importante, con miras al futuro de la revolución bolivariana y la construcción socialista, la cuestión de quién dirige las universidades. Si ellas continúan direccionadas bajo parámetros neoliberales, positivistas y tecnocráticos, esto tendrá un impacto directo en la sociedad, en el tipo de profesionales que egresen, en el mensaje que se trasmite al resto de la población, en los valores que se fortalecen dentro de las comunidades.
Las universidades no sólo no van a cambiar por el ejemplo de las misiones, sino que si ellas siguen estando en manos del capital extranjero y sus representantes criollos, la revolución no podrá avanzar. Es más, han ido formando fuerzas sociales opositoras, particularmente en la clase media, que están hoy en condiciones de acabar con la revolución bolivariana. Revertir esta situación es fundamental si se desea continuar con el legado del presidente Chávez y seguir avanzando por el camino de la revolución socialista.
Maracaibo, Tierra del Sol Amada. 9 de junio de 2013.
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