|
Irrupciones al margen de la ley“Tras fuerte golpe a la puerta, la casa se llenó de hombres armados”
El pasado 14 de junio, 60 agentes mexiquenses aprehendieron a tres jóvenes
Son acusados del homicidio de un perito de la PGJEM, cometido el 10 de mayo
Los policías allanaron viviendas sin orden de cateo, hicieron destrozos, robaron objetos y golpearon a familiares de los detenidos, denuncian afectados
Laura Valdez Monroy y Florina Bertha Méndez, madres de Marco Antonio Juárez y Alejandro Sánchez –acusados de homicidio–, decidieron divulgar su caso cuando se percataron de que los operativos en su contra fueron similares al que padeció el poeta Efraín BartoloméFoto Mario Antonio Núñez López
Martina Maricela Jaramillo, mama de Román Armando Chávez, el otro acusadoFoto Mario Antonio Núñez López
Silvia Chávez González
Corresponsal
Periódico La Jornada
Sábado 20 de agosto de 2011, p. 2
Tultitlán, Méx., 19 de agosto. El 14 de junio pasado, tres familias de la unidad habitacional La Isla, en Ecatepec, pasaron por una experiencia atroz, similar a la vivida hace unos días por el poeta Efraín Bartolomé y su esposa, cuando agentes de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM) irrumpieron en su casa sin orden de cateo, hicieron destrozos, los encañonaron, los vejaron y hurtaron objetos de valor. El modus operandi fue muy parecido, con la diferencia de que las familias mexiquenses salieron peor libradas: en el operativo fueron detenidas tres personas, acusadas de homicidio.
En lo que fue una interminable noche de horror para los afectados, 60 agentes ministeriales encapuchados y armados detuvieron al contador Alejandro Sánchez Méndez (26 años), al estudiante Marco Antonio Juárez Valdez (18 años) y al empleado Román Armando Chávez Jaramillo.
Los tres son vecinos de la unidad habitacional La Isla, de la colonia Unidad Morelos, tercera sección de Prados de Ecatepec. Actualmente se encuentran presos, acusados del homicidio de un perito de la Procuraduría de Justicia del estado de México, cometido la madrugada del 10 de mayo de este año.
Durante el tiempo transcurrido desde la detención los acusados han buscado por todos los medios a su alcance que se les haga justicia, sin obtener respuesta a su reclamo.
Cuando estalló el escándalo por la forma ilegal y violenta en que fue allanada la casa de Efraín Bartolomé, y al darse cuenta de las similitudes entre ambos hechos, los familiares y amigos de los detenidos en Ecatepec decidieron hacer público su caso. En entrevista con La Jornada, detallan lo que fue para ellos una interminable noche de horror.
Laura Valdez Monroy, mama de Marco Antonio, relata: “El martes 14 de junio, como a las ocho y media de la noche, cuando tocaron la puerta, me asomé por el ojo visor de cristal. Vi a un hombre encapuchado y un tubo; tras un fuerte golpe, la puerta se abrió; en segundos mi casa se llenó de hombres armados y encapuchados”.
La mujer y una de sus hijas fueron encañonadas y obligadas a permanecer en el suelo por los hombres de negro que gritaban: “¡Al suelo, al suelo, ya se los cargó la ***, al suelo!” Sin detenerse ante el llanto de una pequeña de un año y ocho meses, los uniformados arremetieron a puntapiés contra dos adolescentes de 13 años, esposaron a Marco Antonio, entraron en cada una de las habitaciones, levantaron colchones, abrieron cajones y hurgaron en cada rincón del departamento, no mayor de 80 metros cuadrados.
Laura Valdez todavía intentó evitar que se llevaran a su hijo, pero algunos de los encapuchados amenazaron con “darle un tiro”. De la casa también se llevaron “dos celulares, 17 mil pesos, botellas de lociones, bocinas de una iPad, tres anillos y tres cadenas de oro”.
Esa misma noche, en otro edificio de la unidad, Florina Bertha Méndez Ricárdez, mama de Alejandro Sánchez, hacía los preparativos para festejar el cumpleaños de un niño de la familia. Estaba dispuesto un pastel y se preparaba la merienda. Alejandro se cepillaba los dientes, pues se disponía a ir a trabajar. La puerta del departamento estaba abierta, lo que facilitó el ingreso de la cuadrilla de encapuchados, que –sabría después– eran agentes ministeriales. También revisaron cada rincón de la vivienda. Karina Hernández Hernández, una vecina invitada a compartir el pastel del festejo, al igual que Florina y cuatro menores de edad, fueron amagados con armas de grueso calibre.
Dice la mujer: “golpearon a mi hijo, lo esposaron y lo arrastraron sin mostrar orden de aprehensión ni de cateo, y nunca nos dijeron de qué se le acusaba. Sólo groserías, amenazas de muerte y empujones recibimos”.
Florina Bertha Méndez Ricárdez había cobrado recientemente una liquidación laboral y la había invertido en la compra de joyería, que después revendía. Los intrusos se llevaron un lote de joyas de oro de 14 quilates valuado en 80 mil pesos; 60 mil pesos en efectivo, dos laptop, tres celulares y hasta una bolsa con juguetes y un libro. Era el regalo del festejado.
En una acción simultánea, fue detenido Román Armando Chávez Jaramillo en el estacionamiento de la unidad habitacional.
De acuerdo con José Antonio Chávez Angeles, padre de Román, él y su esposa, Martina Marcela Jaramillo Lemus, fueron encañonados mientras veían cómo su hijo era golpeado y esposado.
Además de ir encapuchados y armados con rifles de alto poder, los agentes ministeriales iban en vehículos con las placas tapadas. Sólo una camioneta en que se llevaron a los detenidos tenía la matrícula descubierta: MP003.
De acuerdo con los testimonios recogidos por La Jornada, al frente del operativo iba Luis Arellano, fiscal de homicidios de la procuraduría mexiquense.
La aparatosa operación duró cerca de 40 minutos, lapso durante el cual al menos 40 vecinos fueron replegados en estacionamientos y pasillos de la unidad. Nadie podía entrar ni salir.
Ante la falta de información de las autoridades, los familiares de los detenidos empezaron a buscarlos en distintas instancias hasta que dieron con ellos en el penal de Barrientos. Al día siguiente, 15 de junio, el Ministerio Público les indicó que habían sido detenidos por la PGJEM, pero no detalló las imputaciones.
Fue hasta el viernes 17 cuando de manera extraoficial se enteraron de que estaban relacionados con la indagatoria ECA-U /III/233-11, por los cargos de cohecho, delincuencia organizada, robo y homicidio. El 18 de junio fueron trasladados al centro de arraigo de la procuraduría con sede en la ciudad de Toluca.
Entre el 14 y 18 de junio los tres detenidos permanecieron aislados e incomunicados. No se permitió la actuación de abogados de defensa ni se proporcionó copia de la averiguación previa, solicitada por los abogados de los acusados.
El día 21 de junio, sin haber concluido aún el arraigo judicial contra los presuntos culpables, la procuraduría estatal difundió en medios de comunicación que, como parte del operativo Cero Tolerancia, había sido detenida una banda criminal dedicada al robo de autos, y en gráficas de rotativos aparecieron las fotos de Alejandro, Marco y Román, como presuntos integrantes de la agrupación delictiva.
Según el reporte de la procuraduría, la banda fue detenida en las calles de la colonia Ejidos de San Cristóbal, municipio de Ecatepec, donde decomisaron dos fusiles AK47, un R15, una escopeta calibre 12, un rifle calibre 30-30; una pistola y una báscula para pesar droga.
El 18 de julio concluyó el arraigo judicial. Alejandro, Marco y Román fueron consignados al penal del Chiconautla, con sede en Ecatepec. El 25 del mismo mes fueron declarados formalmente presos y sujetos a proceso penal, de acuerdo con la causa 203/11-3.
Durante las diligencias del caso, finalmente, los tres procesados fueron enterados de su presunta coparticipación en el homicidio del perito especializado en vehículos adscrito a la PGJEM Luis Rafael Zavaleta Rivera, asesinado a balazos la madrugada del 10 de mayo. Ulises Rocha Alegre, otro perito, dijo haber identificado a los detenidos cuando los vio en el Ministerio Público.
Luis Rafael Zavaleta, según obra en la indagatoria, fue asesinado alrededor de las 0:30 horas del 10 de mayo, cuando estaba en compañía de Ulises Rocha Alegre, en la calle Ehécatl y avenida Recursos Hidráulicos, de la carretera Lechería, expone Carmen Méndez Ricárdez, tía de Alejandro, quien asegura que esto es contradictorio en las declaraciones ministeriales del acusador.
Presentes durante las entrevistas, familiares, vecinos y comerciantes de la comunidad advierten una serie de contradicciones en el caso. Por ejemplo, al principio los agentes ministeriales informaron que los tres detenidos fueron señalados por dos menores de edad, dedicados a distribuir droga, que dijeron ser parte de una banda criminal y denunciaron nombres y domicilios de los implicados, pero a la fecha se desconoce quién hizo tales imputaciones.
Los padres de los tres jóvenes hicieron notar otra anomalía en las acusaciones: la procuraduría refiere que la detención se realizó en flagrancia, lo cual es imposible, dado que el homicidio se cometió el día 10 de mayo y las detenciones fueron realizadas el 14 de junio. Hay contradicciones de hora y de lugar, que coinciden con actos de abuso de poder, violación de derechos humanos y la presunta fabricación de delitos e imputaciones falsas.
Hablan amigos y vecinos
“Marco creció con mi hijo, Alejandro es un joven respetuoso y Román es un muchacho trabajador, no está maleado”, expuso Norma Edith Pérez, comerciante y vecina del fraccionamiento, quien junto con 10 vecinos alegó en favor de los detenidos e insistió en que a los tres “les desgraciaron la vida”.
En reunión con colonos, vecinos y amigos de los quejosos, el estudiante Genaro Alberto García Bautista dijo que Marco Antonio concluyó este año estudios en el Centro de Bachillerato Tecnológico, plantel del gobierno del estado de México, ubicado en el municipio de Cuautitlán.
Indicó que el estudiante también era conocido porque tocaba el bajo en un conjunto musical, que en ocasiones amenizaba reuniones en el plantel educativo.
La directora del plantel de bachillerato, María Cruz Pérez Pérez, extendió a los familiares de Marco Antonio el 27 de junio una carta de “buena conducta”, mientras varios profesores que conocen a Alejandro expresaron su solidaridad hacia la familia del procesado.
Marco había efectuado sus trámites de ingreso a la Universidad Autónoma Metropolitana, donde esperaba cursar la licenciatura en diseño gráfico.
La familia también exhibió un cheque de pago de una beca económica que este año había recibido del centro de bachillerato.
Alejandro Sánchez Méndez es profesional técnico en contabilidad financiero fiscal egresado del Conalep, de acuerdo con la cédula oficial 4769904.
Al momento de su detención tenía expedientes de al menos 40 clientes a quienes brindaba sus servicios. Román Armando trabajaba como distribuidor de agua en una pipa en el municipio de Ecatepec.
La hora y el día en que el perito de la procuraduría era asesinado, Marco Antonio participaba en una serenata para festejar el Día de las Madres, en el domicilio de su abuela en el Distrito Federal; Alejandro yacía en cama debido a que estaba enfermo de tifoidea y Román dormía en su domicilio, siempre de acuerdo con el testimonio de los familiares.
La próxima semana se llevará a cabo la tercera audiencia del caso en el penal de Chiconautla. Aquí, Jovan Camargo Velázquez, identificado por la procuraduría como jefe de la organización delictiva, no ratificó su declaración ministerial debido a que dijo haber sido torturado y presionado por agentes ministeriales para identificar a los jóvenes inculpados como miembros de la supuesta organización delictiva, según consta en el documento.
Los padres de los procesados ya han acudido a la Comisión de Derechos Humanos del estado de México, donde presentaron una queja para que el caso sea investigado, según oficio del 3 de agosto.
Asimismo, han solicitado la intervención de El Hadji Malick Sow, relator de Naciones Unidas sobre detenciones arbitrarias, y de Roberto Garreton, del Alto Comisionado de la ONU para Derechos Humanos, en oficios ingresados el 5 de agosto de este año. Están a la espera de respuesta.
Responder
|
